La Diócesis de Tumaco nos hace llegar un comunicado triste. El territorio que tiene para evangelizar ha sido invadido por la guerra: el 10 de octubre 2009 se enfrentan las FARC y la Infantería de Marina en Pueblo Nuevo. El resultado neto: 8 comunidades de afros e indígenas tienen que abandonar sus ranchos durante dos meses para salvar su vida. El 31 de enero del 2010, indígenas Eperara Siapidara de Tortula, Casa Grande y Robles, celebran su asamblea. Cuatro guerrilleros de las FARC irrumpen en medio de la reunión y arengan a los nativos. Veinte minutos más tarde llegan los Infantes de Marina en persecución de los insurgentes y ponen en peligro al grupo con sus disparos. El resultado neto: 300 indígenas huyen hacia Bocas de Satinga.
El contexto de la guerra es todavía más significativo: no hay ni la liberación engañosa de las FARC, ni la defensa cacareada de la Fuerza Pública. Lo que hay en el municipio de Olaya Herrera, cuya cabecera municipal son las Bocas de Satinga, al decir de la Diócesis son: “asesinatos, masacres, intimidación, extorsión, desplazamientos, fumigaciones indiscriminadas y control territorial por parte de diferentes actores armados, muchas veces vinculados a la economía ilícita”. La Diócesis no hace una denuncia retórica, sino que la acompaña con una lista oprobiosa de 24 asesinados en los 10 meses que van de Abril 2009 a Febrero 2010. Entre los muertos se cuentan cuatro menores de edad, uno de los cuales es una niña de tres años, descuartizada a machete junto con sus padres.
Este lamento de las víctimas de una sociedad sin sentido refuta la propaganda falaz de que Colombia es pasión vital. No: es la pasión mortal de multitudes que encierran un dolor profundo, padecen un terror invencible y sufren una tortura continuada. Al dolor y al terror se suma el rencor. Muchos miembros de esa multitud errante son colombianos que cultivaban el campo. Su vínculo con la tierra los convirtió en objetivo militar, en botín de guerra, o en simples víctimas de un conflicto social armado que las despoja de sus bienes, de su dignidad y con demasiada frecuencia de su vida. Esa lucha armada por la tierra se extiende ahora a las ciudades: ya empiezan las autoridades citadinas a preocuparse por la reaparición de la criminalidad común en las calles metropolitanas. Bocas de Satinga vomita sobre Tumaco y Pasto. Es la evolución natural de un conflicto armado campesino mal resuelto, en el que la fuerza no ha hecho más que impulsar a los despojados de la tierra en dirección a los suburbios, como prueba de que la fuerza no resuelve nada, porque esas relaciones violentas se reproducen en las urbes con la misma virulencia que traen de sus veredas.
El actual Gobierno, en vista del recrudecimiento de la violencia urbana, apela a los jóvenes con una fórmula envenenada. No cabe la menor duda de que el remedio al conflicto social armado es la solidaridad ciudadana. Tampoco hay que dudar de que el éxito de cualquier gobernante proviene de su capacidad de convocar a toda la población. Y es una verdad de a puño que la sanción social, elemento fundante de la convivencia, conlleva la denuncia de las violaciones del orden legal concertado por una sociedad. En eso consiste el sistema de derechos que sostiene el ordenamiento jurídico. Esa es la legalidad, con su sustrato moral.
Pero la delación pagada no pertenece a esas categorías. La recompensa por la denuncia es la semilla del falso testimonio. Y el hecho de que el régimen imperante la proponga insistentemente como remedio a su ineptitud para construir un aparato investigativo eficiente y eficaz es muy mala señal: revela la mentalidad mercantil detrás del ejercicio político, origen del clientelismo. Es además un recurso peligroso porque ya sabemos, de primera mano, a donde nos ha conducido el clientelismo desbocado de la política colombiana: al pacto con el narcotráfico. Eso es lo que la Diócesis de Tumaco está descubriendo hoy, en su propio pellejo, pero que es ya una realidad histórica. Y lo que más preocupa es ver cómo no han servido de nada los mártires de esa cruzada antimafia que simbolizaron Luis Carlos Galán, Rodrigo Lara, Guillermo Cano y todos los demás que colocaron la señal de peligro en la carretera de la complacencia capitalista con el enriquecimiento rápido.
La Diócesis de Tumaco hace las apelaciones de rigor, las que otros muchos han hecho pero que hasta hoy no han logrado nada, porque ninguno de los aludidos quiere resolver el problema del narcotráfico. Tanta sordera no puede menos de llevarlo a uno a pensar que los beneficios de no tocar la llaga deben ser muy grandes para que ni las organizaciones internacionales lo sugieran, ni los estados existentes pongan por obra limitar la posibilidad de enriquecerse de repente. En nuestro bello país, lo mismo que en el mundo de hoy ni los banqueros ni los narcotraficantes tienen, por el momento, nada que temer.
Alejandro Angulo Novoa, S. J.
VER COMUNICADO DIOCESIS http://justypazcrc.blogspot.com/p/comunicado-publico-satinga.html
