¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Encuentro en mi correo dos noticias de esta semana que merecen atención y cuidado, porque revelan desvíos peligrosos de la vida nacional. La primera se refiere a la liberación de más de cuarenta ‘campesinos’ y ‘pequeños comerciantes’, veinticuatro de los cuales habían sido detenidos arbitrariamente (sin explicaciones) el 6 de agosto de 2006 en la vereda La Julia (Uribe) y conducidos, sin explicaciones y en helicóptero, a la SIJIN de La Macarena con el pretexto de que necesitaban sus declaraciones. En La Macarena fueron notificados de una orden de captura emitida por la Fiscalía Sexta de Bogotá.

Al día siguiente se comunicó a la opinión pública que habían sido detenidos 24 apoyos logísticos de los frentes 40 y 42 de las FARC en el municipio de Uribe, vecindad de La Macarena. Los 24 fueron recluidos en la cárcel de La Picota, en Bogotá (Voz, 28/03/07). El 29 de octubre y el 2 de noviembre de 2007 se repitió el mismo rito, con 12 detenidos en el primer caso y 5 víctimas en el segundo (Voz, 14/11/07). En abril 6 de 2010, es decir, tres años después, la justicia colombiana les notificó que cerraba su caso porque no se había podido demostrar la verdad de las acusaciones, dado que unos testigos se retractaron y otros resultaron falsos.

Es de notar que el abuso del falso testimonio ha proliferado en Colombia como los hongos, cuyo cultivo se abona con recompensas jugosas o amenazas mortales, muchas de ellas (demasiadas), originadas en el “establecimiento”.

El escenario completo de las acciones mencionadas debe incluir la emboscada tendida al Ejército el 28 de diciembre de 2006, en la que las FARC acribillaron a 26 uniformados en la zona rural de Vistahermosa. Una masacre que, a su vez, se debe encuadrar dentro de la operación de anillo de seguridad instalado por el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada para posibilitar la erradicación de 4.600 hectáreas de coca emprendida por Acción Social de la Presidencia de la República y que debió ser reducida en tamaño por el hostigamiento farquiano (El Nuevo Siglo 04/02/2006).

Todo el desafortunado episodio borra e invierte los Objetivos del Milenio para las víctimas inocentes privadas de su libertad y de sus medios de subsistencia por tres años o más. Es un doloroso acto de una tragedia que se niega por parte de una buena parte de la población colombiana y que se desfigura y disfraza por parte de su dirigencia.

Este desconocimiento afectado por parte de los responsables e ingenuo (e interesado) por parte de los ignorantes que les creen, recubre un sistema social articulado sobre la desigualdad del trabajo humano impuesta por la fuerza. Para justificar dicho sistema se formulan planes disfrazados de objetivos humanos. La última versión de esos planes, que ha recibido una aprobación mayoritaria dentro de la población inconsciente, se ha llamado la “seguridad democrática”. En ella se ha burlado el anhelo humano de seguridad encargándoselo a la lucha armada que es, precisamente, la que vuelve más inseguro el trascurso de la vida humana. Y se ha intoxicado la democracia haciéndola depender de la fuerza bruta. Hay que forzar la mayoría. Porque lo ocurrido en La Macarena-Bogotá demuestra a dónde conduce el extremismo en el uso de la fuerza: al sacrificio de los inocentes. Así de simple.

La fuerza bruta empleada por las FARC para derrotar al Ejército causa una masacre de servidores públicos. Y la venganza de los soldados muertos por parte de sus compañeros de armas causa una masacre económica de civiles: veinte compatriotas más empobrecidos por la “estrategia” antiguerrillera. La justificación de las FARC proviene de su ideología para “tomarse el poder a cualquier precio”, sobre todo de vidas humanas, pero la realidad en este caso es la defensa de su negocio narcotraficante. La redada de la fuerza pública y la subsiguiente detención prolongada se justifica como defensa del orden público, pero la realidad es un abuso de autoridad basado en su ideología de que más vale castigar injustamente a cuarenta inocentes que perdonar a un culpable.

Dos extremismos enfrentados para producir víctimas inocentes, dos violaciones gravísimas de la dignidad humana. Aventuras donde no ha encontrado lugar la reflexión y, por lo mismo, tampoco halla lugar la ética. Es evidente que hay gravísimas injusticias por ambas partes, si uno piensa que lo justo para los colombianos es que todos podamos vivir felices y en paz. Pero ¿esa es la noción de justicia que anida en las molleras de todos los pobladores de esta tierra colombiana? Es también evidente que los hechos descritos sumariamente y muchísimos otros ejemplos actuales dejan una duda profunda y justificada. Además, el nivel de improvisación impuesto por los imperativos de la contienda armada, multiplica los efectos mortíferos para todo el ambiente: los seres vivos y los recursos naturales.

La segunda noticia, que no es nueva pero llegó hoy, es que hay otro indicador de injusticia mucho más grave que todo lo anterior y que es el resultado lógico de tales síntomas inhumanos: la existencia de la tortura. Lo resume con precisión el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su revisión de noviembre de 2009:

“Aunque se registra una disminución global en el número de denuncias de tortura desde la última revisión periódica en 2004, al Comité le preocupa que la incidencia de tortura en el Estado siga siendo alta y corresponda a patrones específicos que indican una aplicación generalizada. El Comité señala que, si bien los grupos armados ilegales tienen una importante responsabilidad en dichas violaciones, se sigue denunciando la participación o aquiescencia de agentes del Estado en esos actos. El Comité está especialmente preocupado por información que indica un aumento de casos que señalan una participación directa por parte de agentes estatales. El Comité también expresa gran preocupación por la persistencia de graves violaciones conexos a la tortura como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, el desplazamiento forzado, las violaciones sexuales y el reclutamiento de niños en el contexto del conflicto armado (subrayado nuestro) y por la situación de vulnerabilidad de ciertos grupos como las mujeres, los niños, las minorías étnicas, los desplazados, la población carcelaria, y las personas LGBT”. (Artículo 2)

La práctica de la tortura es un refinamiento de la crueldad, la cual a su vez es una situación patológica del ser humano. No es humano que un ser humano se complazca en el sufrimiento de otro ser humano. Para semejante deshumanización se necesita, como lo propuso el Marqués de Sade, desinfectar el corazón y la mente de los humanos de toda la basura moral y religiosa que pudiera generar remordimiento por algo. Hay que erradicar la compasión, que supone el rechazo visceral a la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno o, por lo menos, la renuncia irrevocable a usar a otro ser humano como medio para lograr los propios objetivos, aun los decentes. Usar a un ser humano es, como diría un famoso italiano, reducirse al nivel de “bípedos porcunos”.

Alejandro Angulo Novoa, S.J.